La posesión de un inmueble valuado en 40 millones de pesos en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México mantiene bajo presión a Carolina Viggiano, senadora y dirigente del PRI. El rastreo de la propiedad en Sierra Nevada 319 delata transacciones con un par de entidades comerciales señaladas en medios de comunicación por aparentes faltas fiscales.

Las averiguaciones difundidas en octubre detallan que Borsa Inmuebles y Bienes Raíces compró la mansión en 2014 por una suma de 1.29 millones de dólares (17.1 millones de pesos de aquel entonces). Para 2019, se levantó un aviso preventivo indicando una compra a crédito por parte de Viggiano; sin embargo, los archivos muestran que el proceso de escrituración nunca finalizó.

El caso sumó otra anomalía en agosto de 2023, al emitirse un aviso preventivo involucrando a Corporativo Awiki. El historial de esta compañía como proveedora en Coahuila bajo el mandato de Rubén Moreira, esposo de la senadora, levanta sospechas sobre una posible triangulación. A pesar de ello, los documentos públicos no bastan para asegurar que el exmandatario gestionó la compra.

En paralelo, a Borsa se le acusa en reportajes de operar junto a compañías señaladas por emitir facturas apócrifas. Es fundamental aclarar que estos indicios periodísticos no representan una sentencia firme contra Viggiano ni contra las empresas.

Probar un acto de corrupción exige la actuación y el dictamen de los órganos de procuración de justicia. El debate sobre la propiedad inició en 2022, al confirmarse que Viggiano no la reportó en su declaración de bienes como diputada federal, declarando sueldos por 1.19 millones de pesos en 2020. Dado que un aviso preventivo no certifica la propiedad plena, es difícil catalogar el acto como una omisión ilegal premeditada. Que Diego Beltrán, su hijo, use la dirección para el fisco tampoco constituye un delito. La cuenta pendiente sigue siendo la procedencia del dinero.