Cambiar el liderazgo del mundo, una persona a la vez. ¿Cuánto cuesta ejercer un derecho? Imaginemos a una trabajadora que recibe su pago y, antes de llegar a casa, ya ha distribuido casi todo. En su mente ya no queda nada por distribuir: aparta la renta, el transporte, la comida y lo que su hijo necesita para la escuela. Guarda una pequeña cantidad por si su madre se enferma. Cuando alguien le propone seguir estudiando, hace otro cálculo. La inscripción quizá sea posible; el tiempo y el cuidado de su familia aún no. La escena es hipotética y me interesa porque permite mirar una pregunta que desaparece cuando hablamos de oportunidades como si estuvieran igualmente disponibles. Esta mujer trabaja, cuida y organiza. Su esfuerzo existe. También existe una distancia entre lo que puede desear y lo que sus condiciones le permiten elegir. La justicia social debe preguntarse qué vida puede construir con los recursos y las oportunidades disponibles. La pobreza por ingresos observa la suficiencia del ingreso frente a una canasta. La pobreza multidimensional agrega el ejercicio de derechos sociales. La pobreza laboral pregunta si el ingreso del trabajo de un hogar, distribuido entre sus integrantes, alcanza para la canasta alimentaria. Las tres miradas permiten evaluar intervenciones diferentes. En el segundo trimestre de 2026, el INEGI situó la pobreza laboral en 31,9 % de la población. No significa que esa proporción de trabajadores gane menos del mínimo. El indicador incluye a quienes dependen de los ingresos laborales del hogar y deja fuera otras fuentes, como transferencias. Tampoco mide por sí mismo todo lo necesario para vivir dignamente. Las distinciones evitan respuestas apresuradas. Un apoyo económico puede aliviar una necesidad inmediata; una escuela accesible puede ampliar oportunidades duraderas; la protección social puede reducir la fragilidad frente a una enfermedad. La justicia social requiere comprender qué dificultad enfrenta cada persona y qué responsabilidad corresponde a cada institución. La disposición personal necesita encontrarse con una oportunidad posible. Pedir esfuerzo sin examinar esa relación deja fuera una parte decisiva de la historia. Un salario que también permita un mañana. Como empresario, esta reflexión me lleva directamente a la nómina. Allí aparecen nombres y cantidades; detrás de cada renglón hay una vida que se organiza alrededor de ese ingreso. El salario mínimo general de 2026 es de 315,04 pesos diarios; en la Zona Libre de la Frontera Norte, de 440,87. Que se haya logrado incrementar el salario mínimo es un avance relevante. Sin embargo, cumplir el piso legal y comprobar la suficiencia de una remuneración para una vida digna son preguntas que debemos examinar juntas. La Constitución, en su artículo 123, vincula el salario mínimo con necesidades materiales, sociales y culturales de una familia y con la educación obligatoria de sus hijos. La Organización Internacional del Trabajo propone estimar el salario vital considerando las necesidades de las personas trabajadoras y sus familias, el contexto del país y las horas normales de trabajo. Esa referencia exige información fiable sobre costos de vida y condiciones económicas. No existe una cantidad universal que pueda aplicar indistintamente a cada hogar y territorio. Necesitamos revisar supuestos, prestaciones, jornadas, estabilidad y capacidad económica de la organización, con participación de quienes trabajan. Tomás propuso vincular un salario justo con la productividad y la permanencia del empleo formal. Cuando añadió esa dimensión económica, incorporó la calidad de vida de las personas. Me interesa conservar ambas preocupaciones. La viabilidad de la empresa y la suficiencia del ingreso necesitan una conversación explícita sobre cómo se produce y comparte la riqueza. En el episodio también revisamos la UMA (Unidad de Medida y Actualización). El INEGI la define como referencia económica para calcular obligaciones previstas en las leyes. Conviene distinguirla del salario y de la inflación. Hay una pregunta particularmente incómoda: ¿Qué tan suficiente es una remuneración si para sostener la vida obliga a renunciar continuamente al descanso, a la convivencia o al aprendizaje? La organización del trabajo también distribuye posibilidades. Un horario previsible permite acordar cuidados. Una capacitación, formación o educación accesible abre una trayectoria. Un contrato claro y la protección social dan mayor certeza. Las compensaciones necesitan ser comprensibles y revisables; el reconocimiento afectuoso gana congruencia cuando se acompaña de estas condiciones. La justicia social también se juega cuando alguien necesita reclamar lo que le corresponde. Pensemos en una persona que enfrenta un pago incumplido o un despido que considera injusto. Puede tener razón y, aun así, temer el costo de iniciar un procedimiento, perder tiempo o exponerse. Entre conocer un derecho y lograr su protección hay un trayecto que debemos cuidar. El Estado de derecho es un orden institucional, no una cualidad privada que cada persona posea. En la dimensión personal se vive mediante protección, debido proceso y acceso a una respuesta. En la dimensión colectiva se sostiene con reglas públicas, autoridades sujetas a límites e instituciones capaces de exigir cumplimiento sin privilegios. Al preguntar si las personas trabajadoras están protegidas, Tomás distinguió la legislación de su cumplimiento. Su diagnóstico fue contundente: «El problema es que no se aplica». Llegar a un arreglo requiere cuidar la desigualdad entre quienes negocian. La ENVIPE 2026 estimó que 93,4 % de los delitos ocurridos en 2025 no se denunciaron o no derivaron en una carpeta de investigación. Esta cifra negra no es una tasa de impunidad judicial ni comprende todos los conflictos civiles o laborales. Describe una brecha enorme entre los delitos sufridos y su entrada al proceso de investigación. Para una familia, esa distancia puede convertirse en miedo, gasto y cambios de rutina. Para un negocio, puede afectar las decisiones de operar o invertir. La protección de la integridad y del patrimonio forma parte de las condiciones necesarias para estudiar, trabajar y participar en la comunidad. Cumplir la ley también exige algo de nosotros. Como ciudadanos y empresarios debemos revisar nuestras propias excepciones, los favores que solicitamos y los incumplimientos que toleramos cuando nos benefician. Esa responsabilidad no libera al Estado de garantizar derechos. Permite que nuestra exigencia pública tenga una práctica congruente. La justicia necesita proteger al trabajador y a la empresa que cumple, a la comunidad y a cada persona. Una regla pierde legitimidad cuando su aplicación depende de la cercanía con quien decide. Y una organización deteriora su cultura cuando exige puntualidad en los compromisos ajenos mientras vuelve negociables los propios. La confianza se aprende en una respuesta. En la primera columna de este ciclo nos preguntamos cuánto cuesta hablar con libertad. En la segunda, qué ocurre cuando una institución cumple su procedimiento y la persona sigue sin encontrar una respuesta. La justicia social reúne esas inquietudes. Una inconformidad necesita poder expresarse y encontrar un cauce que proteja derechos. La confianza crece cuando esa respuesta puede explicarse y revisarse. La ENCIG 2025 encontró mucha o algo de confianza en familiares en 84,8 % de la población estudiada, frente a 34,1 % en el Ministerio Público o las fiscalías estatales. La familia puede sostenernos de maneras extraordinarias. También puede terminar absorbiendo dificultades que requieren servicios e instituciones. Cuando una persona necesita recurrir a una amistad para conseguir atención o resolver un trámite, conviene preguntarnos qué respuesta debería recibir sin esa intermediación. Mi interpretación es que la confianza institucional se fortalece cuando el trato es respetuoso, la regla se entiende, el compromiso se cumple y existe una vía para corregir. Pedir confianza supone hacerse confiable. Para quien dirige, eso incluye reconocer límites y responder por los errores. La empresa familiar vive una prueba semejante. Un apellido puede aportar historia y compromiso; las oportunidades de trabalhar, aprender o crecer necesitan criterios accesibles para quienes no lo llevan. Los acuerdos familiares y las decisiones laborales requieren claridad para cuidar tanto el vínculo afectivo como los derechos. La justicia distributiva pregunta qué oportunidades y beneficios compartimos. La procedimental pregunta cómo decidimos. La dimensión del trato pregunta si preservamos la dignidad al hacerlo. Propongo revisar las tres juntas, porque una cantidad aparentemente justa puede perder legitimidad si se asigna arbitrariamente o se acompaña de humillación. La esperanza necesita compromisos. Tomás propuso retomar el diálogo entre empresariado, sindicatos y gobierno. Su invitación recoge el ambiente dialogal que trabajamos con Luis y lo lleva a las relaciones entre sectores que examinamos con Jorge. Escucharnos adquiere aquí una responsabilidad concreta, acordar condiciones de trabajo y protección que mejoren la vida. Desde mi mirada, esos acuerdos deben incluir la voz de quienes viven sus consecuencias y producir compromisos que puedan revisarse. La justicia social nos devuelve a una responsabilidad compartida. El gobierno debe garantizar derechos y servicios evaluables. La empresa debe cumplir sus obligaciones y producir valor con condiciones dignas. La sociedad civil puede acompañar, vigilar y ampliar capacidades. La cooperación necesita responsabilidades identificables para que nadie termine ocupando indefinidamente el lugar de otro. La filantropía consciente puede aliviar y transformar realidades. Como participante en proyectos sociales, entiendo el valor de una respuesta oportuna. También debemos preguntarnos qué condiciones harían menos necesaria esa ayuda. La generosidad crece cuando escucha a la comunidad y fortalece su autonomía. Desde el Humanismo Mexicano Regenerativo, propongo comenzar con una decisión que esté a nuestro alcance. En casa, revisar cómo distribuimos cuidados y oportunidades. En la empresa, escuchar qué condición vuelve precaria una vida y acordar una mejora viable, con seguimiento. En la comunidad, exigir respuestas públicas y participar en su evaluación. Nuestra trabajadora vuelve a casa con sus cuentas hechas. La justicia social debería permitirle algo más que llegar al final del día. Que pueda cuidar sin desprotegerse ella misma, aprender sin abandonar a su familia y reclamar un derecho sin temer que hacerlo empeore su situación. En ese futuro también caben empresas sostenibles, instituciones confiables y familias con capacidad de elegir. El liderazgo humanista comienza por hacerse cargo de uno mismo y alcanza su dimensión pública cuando transforma las condiciones que compartimos. Tomás cerró con una idea que nos compromete: «La justicia social se construye en todos sus niveles, desde la base hasta la cabeza. No se promete ni se compra». La recibo como una invitación a pasar de la intención a una práctica sostenida. ¿Qué derecho de otra persona depende hoy de una decisión que sí está en mis manos? Referencias: INEGI. Pobreza multidimensional 2024. Publicación de agosto de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/pm/pm2025_08.pdf; INEGI. Pobreza laboral, segundo trimestre de 2026. https://www.inegi.org.mx/desarrollosocial/pl/; CONASAMI. Salarios mínimos vigentes en 2026. https://www.gob.mx/conasami/articulos/incremento-a-los-salarios-minimos-para-2026?idiom=es; OIT. Salarios vitales. https://www.ilo.org/es/temas-y-sectores/salarios/salarios-vitales; Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 17 y 123. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf; INEGI. ENIGH 2024. Resultados nacionales. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enigh/ENIGH2024.pdf; INEGI. ENVIPE 2026, delitos ocurridos en 2025. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2026/; INEGI. ENCIG 2025. Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2025/doc/encig2025_principales_resultados.pdf; INEGI. Unidad de Medida y Actualización. https://www.inegi.org.mx/temas/uma/; STPS. Reforma del sistema de justicia laboral, 2017. https://www.gob.mx/stps/es/articulos/reforma-del-sistema-de-justicia-laboral?idiom=es; DOF. Reforma laboral publicada el 1 de mayo de 2019. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fecha=01/05/2019. Palabra de Líder. Justicia social, temporada 2, episodio 3. Transcripción por hablantes proporcionada por el autor, duración 53:35. Pasajes 19:15, 23:24–24:13, 39:23–40:02, 45:27–47:07 y 51:30. Sen, Amartya. Desarrollo y libertad. Marco sobre libertades y capacidades; ficha editorial de Development as Freedom, Vintage, 2000. https://www.penguinrandomhouse.com/books/163962/development-as-freedom-by-amartya-sen/; Stiglitz, Joseph E. El precio de la desigualdad, 2012. Extracto de The Price of Inequality alojado en la Universidad de Toronto, pp. 4–5; análisis referido a Estados Unidos. https://www.economics.utoronto.ca/munro5/StiglitzInequalityJun2012.pdf. Recuerda, liderar no trata de dirigir, se trata de humanizar.