Una juzgado de Estados Unidos determinó el desestimiento de una demanda colectiva interpuesta contra Apple, en la que se acusaba a la compañía de no evitar la distribución de material de abuso sexual infantil a través de su servicio de almacenamiento en la nube iCloud.

La magistrada federal de distrito Noël Wise, con sede en San José, California, emitió su resolución a última hora del lunes y coincidió con el argumento de la empresa tecnológica: Apple cuenta con inmunidad frente a este tipo de reclamos legales.

La protección legal proviene de la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una normativa federal vigente desde 1996 que exime a los servicios en línea de responsabilidad por el contenido generado por sus usuarios.

En su fallo, Wise explicó que la demanda buscaba responsabilizar a Apple por no eliminar o bloquear contenido creado por usuarios, lo que situaba las reclamaciones directamente bajo el alcance de dicha legislación.

Los demandantes, identificados con los seudónimos de Amy y Jessica, presentaron la demanda en representación de un grupo de 2.680 personas con acusaciones similares. Los daños y perjuicios compensatorios estimados ascendían a 32.800 millones de dólares, según los documentos judiciales.

Además de la compensación económica, la demanda incluía una solicitud para que un tribunal ordenara a Apple implementar modificaciones en su plataforma iCloud.

En su resolución, Wise escribió que ninguna legislación federal obliga a Apple a emplear de manera proactiva la tecnología disponible ni a desarrollar nuevas herramientas para detectar y denunciar material de abuso sexual infantil en su servicio de almacenamiento en la nube.

La magistrada reconoció la gravedad del problema pero indicó que corresponde al Congreso resolver esta situación. "Los legisladores pueden solucionar este problema que está contribuyendo a la explotación de los menores", expresó Wise. "Este tribunal no puede hacerlo".

El caso fue desestimado con perjuicio, lo que significa que no puede presentarse nuevamente.

James Marsh, representante legal de las demandantes, anunció que evalúan la posibilidad de presentar un recurso de apelación y consideran si existen otras vías legales viables. Aunque no concuerdan con la interpretación legal de la magistrado, coincidieron en que el Congreso debería adoptar medidas más estrictas para proteger a los menores en el entorno digital y enfrentar los daños crecientes derivados de la explotación en línea.